Por: Telerama Noticias
Publicado: Jueves 29 de Enero de 2026
La prefecta del Guayas y exdirigente de Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, respondió a los señalamientos de Luisa González, en el marco de la investigación fiscal conocida como caso “Caja Chica”, que indaga un presunto lavado de activos para financiar la campaña presidencial del correísmo en 2023.
La investigación impulsada por la Fiscalía General del Estado ha provocado un nuevo cruce de declaraciones dentro de Revolución Ciudadana. Luego de los allanamientos ejecutados la madrugada del 28 de enero, Luisa González cuestionó públicamente que las diligencias no incluyeran el domicilio de Marcela Aguiñaga, quien presidía el movimiento político durante el proceso electoral de 2023.
Ante esas declaraciones, Aguiñaga respondió desde Panamá a través de sus redes sociales y aclaró que la normativa electoral no atribuye a los presidentes de las organizaciones políticas la administración de los recursos de campaña. Según explicó, la ley establece que esa responsabilidad recae exclusivamente en el candidato y en el responsable financiero designado. En ese contexto, calificó como “absurdo” que quien fue candidata presidencial desconozca esas disposiciones legales.
La prefecta del Guayas precisó además que no integró el buró de campaña de Luisa González, quien perdió la segunda vuelta presidencial frente a Daniel Noboa en 2023. Con ello, buscó marcar distancia de cualquier vinculación directa con el manejo operativo o financiero de esa candidatura.
En su pronunciamiento, Aguiñaga también rechazó de forma categórica versiones que la señalan como aliada del actual presidente. Aseguró que, en su rol como autoridad provincial, su deber es coordinar con las instancias del Estado que sean necesarias para atender las necesidades del Guayas, sin que ello implique afinidad política con el Ejecutivo.
El caso “Caja Chica” es investigado por la Fiscalía como un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. De acuerdo con el Ministerio Público, existiría la sospecha de que dinero ilícito, ingresado en efectivo desde Venezuela, habría sido utilizado para financiar la campaña presidencial de 2023 del correísmo.
Paralelamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene bajo revisión el manejo de las cuentas de campaña de Luisa González, como parte de los controles administrativos vinculados al proceso electoral.
