La audiencia de apelación a la prisión preventiva se reinstaló la mañana de este jueves en la Corte Provincial de Pichincha. Aproximadamente 45 minutos después de iniciada la diligencia, el tribunal resolvió aceptar el recurso y revocar la prisión preventiva que pesaba contra Alvarez por el presunto delito de delincuencia organizada.
El tribunal de apelación argumentó que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos no serían suficientes para establecer la existencia del delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Los jueces también señalaron que la dinámica expuesta por la Fiscalía como lavado de activos podría estar orientada más bien a la posible existencia de un delito específico de lavado de activos, cuyo delito fuente estaría relacionado presuntamente con ilícitos de almacenamiento ilegal de combustibles.
Durante la diligencia, la defensa de Alvarez solicitó la nulidad del proceso; sin embargo, la jueza negó el pedido al indicar que no existe doble juzgamiento en este caso. También se señaló que no aplica el fuero de corte, ya que los hechos investigados en el caso Goleada no están relacionados con sus funciones como alcalde de Guayaquil.
Esta audiencia ya había sido instalada anteriormente, pero fue suspendida el 30 de marzo luego de que el juez que conocía el caso se declarara incompetente para tramitar la apelación.
Aunque se revocó la prisión preventiva en el caso Goleada, Aquiles Alvarez no recuperará su libertad debido a que tiene otra prisión preventiva vigente en el caso Triple A. Por este proceso fue trasladado el 8 de marzo de 2026 a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, por razones de seguridad, según informó el Gobierno con base en un informe del SNAI que advertía posibles riesgos contra su integridad en la cárcel de Latacunga.
En el caso Goleada, la Fiscalía investiga un presunto entramado empresarial que habría sido liderado por los hermanos Alvarez Henriques para cometer los delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.
