CAL archiva por unanimidad reforma penal propuesta por legisladora de ADN sobre críticas a funcionarios
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió este 28 de enero enviar al archivo un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) presentado por la asambleísta oficialista Camila León, que buscaba incorporar precisiones sobre la libertad de expresión en casos de contravenciones penales.
La decisión fue adoptada por los siete integrantes del CAL, organismo presidido por el titular de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, quienes coincidieron de forma unánime en no calificar la iniciativa y darla por concluida en esta etapa legislativa.
La propuesta planteaba una modificación al artículo 396 del COIP, que regula las sanciones aplicables a las contravenciones de cuarta clase. En específico, el texto se refería a las penas para quienes emitan expresiones consideradas de descrédito o deshonra contra otra persona, incluso a través de medios digitales, conducta que actualmente puede ser sancionada con entre 15 y 30 días de privación de libertad.
El proyecto de León pretendía añadir un inciso que obligara a los jueces a verificar previamente si las expresiones cuestionadas correspondían al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando se trate de asuntos de interés público o de críticas dirigidas a servidores públicos en el desempeño de sus funciones, bajo estándares constitucionales e interamericanos.
Sin embargo, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y activistas advirtieron que la reforma resultaba innecesaria, al considerar que esos principios ya están recogidos tanto en la Constitución como en el propio COIP. Además, señalaron que la iniciativa no resolvía el problema de fondo: la persistente judicialización penal de críticas a funcionarios públicos, lo que, según expertos, genera un efecto disuasivo en la sociedad.
Desde el oficialismo, la asambleísta León defendió su propuesta y aseguró que el objetivo era cerrar supuestos vacíos legales que, a su criterio, permitirían la persecución e intimidación de personas que denuncian hechos de corrupción. En declaraciones previas, sostuvo que la reforma buscaba garantizar que los jueces evalúen el uso legítimo de la libertad de expresión antes de iniciar procesos penales contra comunicadores.
Pese a esos argumentos, el secretario de la Asamblea Nacional, Giovanny Bravo Rodríguez, informó que los miembros del CAL fundamentaron su decisión en “motivos de carácter político”, lo que derivó en el archivo definitivo de la iniciativa legislativa.
