España vetará el uso de redes sociales a menores de 16 años y endurecerá la responsabilidad de las plataformas
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes 3 de febrero de 2026, durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y avanzará en una regulación más estricta para exigir responsabilidades legales a las plataformas digitales.
La medida forma parte de un paquete de acciones con el que el Ejecutivo busca reforzar el control sobre el funcionamiento de las redes sociales. Sánchez explicó que los directivos de estas plataformas serán considerados legalmente responsables de las infracciones que se cometan en los servicios que administran, con el objetivo de evitar lo que calificó como impunidad en el entorno digital.
Entre las iniciativas anunciadas, el Gobierno español prevé tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales. Además, se analizarán junto con la Fiscalía posibles vías para investigar eventuales infracciones legales vinculadas a plataformas como Grok, TikTok e Instagram.
El presidente también informó sobre la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad destinado a identificar lo que denominó una “huella de odio y polarización” en el entorno digital, como parte de los esfuerzos para combatir la desinformación y los discursos de odio.
En el ámbito internacional, Sánchez señaló que España se ha sumado a otros cinco países europeos en la denominada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, una iniciativa orientada a coordinar acciones para aplicar una regulación más estricta, ágil y eficaz sobre las plataformas sociales.
Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo sostuvo que estas medidas responden a un contexto en el que las redes sociales operan, a su juicio, al margen de las normas, permitiendo delitos, desinformación y ataques de odio. En ese sentido, subrayó la necesidad de “recuperar el control” y garantizar que las plataformas cumplan la ley, pese a reconocer que se trata de un desafío complejo debido al poder económico e influencia de estas empresas a nivel global.
