En una histórica rueda de prensa conjunta celebrada en la provincia del Guayas, la Alianza Nacional por la Salud (ANS) —red que agrupa a 38 organizaciones de pacientes a nivel nacional—, en un hecho sin precedentes junto a la Federación Médica del Ecuador y el Colegio de Médicos del Guayas, realizaron un firme pronunciamiento bajo la consigna «Por el Derecho a la Salud».
El bloque intersectorial exigió al Gobierno Nacional colocar de manera urgente al sistema sanitario en la cúspide de la agenda pública, denunciando fallas estructurales graves que amenazan la vida, la dignidad y la estabilidad económica de miles de ciudadanos.
Las demandas críticas del frente unificado
Liderado por el Dr. Gustavo Dávila, presidente de la ANS, el pronunciamiento puso sobre la mesa problemáticas que trascienden el desabastecimiento tradicional de fármacos e insumos, evidenciando una crisis sistémica:
Incumplimiento de sentencias judiciales: Se denunció la alarmante vulneración de derechos de pacientes que, aun contando con acciones de protección y fallos judiciales a su favor, no reciben el amparo oportuno del Estado.
Discriminación laboral y desatención: Se expuso la desprotección y la vulnerabilidad laboral que sufren cotidianamente las personas con patologías complejas.
Colapso en la atención renal: Urgencia absoluta en el control de pacientes con insuficiencia renal y problemas de infraestructura para hemodiálisis, sumado a la falta de apoyo para complicaciones graves en cuadros hepáticos y pacientes con grupo sanguíneo 0 positivo.
Fante este panorama, Dávila hizo un enérgico llamado a estructurar un acuerdo nacional por la salud, articulando al Ejecutivo, a las asociaciones de pacientes y a los gremios profesionales en la co-creación de soluciones efectivas.
El respaldo rotundo de los gremios profesionales y técnicos
El clamor de los pacientes encontró eco inmediato en las principales voces del sector médico y técnico del país:
El Dr. Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica del Ecuador, respaldó categóricamente las denuncias, advirtiendo sobre el desgaste del personal sanitario y la precariedad de la red pública.
El Dr. Héctor Rosero, representante del Colegio de Médicos del Guayas, exigió transparencia y rigurosidad técnica en la implementación de normativas, estableciendo una hoja de ruta clara para la transición hacia la empresa AIL EP.
Por su parte, el Ing. Javier San Andrés, en representación del Observatorio de Gestión y Control de Calidad del Ecuador, alertó que el país se encamina hacia una crisis sanitaria irreversible si no se implementan procesos urgentes de aseguramiento que garanticen la calidad y efectividad de los fármacos. San Andrés recordó además que los indicadores internacionales sitúan a Ecuador en una zona crítica, con un nivel de cumplimiento inferior al 20% en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con salud y bienestar.
Con este pronunciamiento, pacientes y profesionales médicos marcan una línea roja frente a la desatención estatal, recordando que garantizar el derecho a la salud no es una concesión, sino una obligación constitucional ineludible.