Desde este lunes 2 de febrero de 2026, el Gobierno dispuso la suspensión inmediata de toda actividad minera, metálica y no metálica, en la provincia amazónica de Napo, así como la paralización de plantas de beneficio de oro en Portovelo, en El Oro, y en la provincia de Loja, según informó la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, debido a problemas de contaminación ambiental.
La medida fue anunciada por la ministra Inés Manzano, quien precisó que la suspensión entra en vigencia de forma inmediata y sin una fecha definida para su levantamiento. La decisión quedó establecida en una resolución firmada este 2 de febrero y responde a informes técnicos que evidencian afectaciones ambientales, especialmente en ríos y ecosistemas sensibles.
En el caso de Napo, la resolución establece la suspensión de actividades mineras en concesiones ubicadas en zonas aledañas a la cuenca hidrográfica del río Napo. Manzano explicó que, además de la contaminación, en la provincia se ha identificado un uso irregular de concesiones, donde permisos otorgados a pequeños mineros o artesanales son utilizados por múltiples personas, lo que facilita la minería ilegal.
La ministra anunció también la convocatoria al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para analizar la situación ambiental en Napo, una de las provincias señaladas como foco crítico de minería ilegal en el país.
De forma paralela, el Gobierno dispuso la suspensión de operaciones de todas las plantas de beneficio para procesamiento de oro que funcionan en Portovelo, cantón minero de la provincia de El Oro, y en Loja. Solo en Portovelo operan alrededor de 80 plantas, muchas de ellas ubicadas en las riberas de los ríos Calera y Amarillo.
Según la resolución, se ha constatado la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites permitidos en los ríos Calera y Amarillo, pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango–Tumbes. El documento señala que esta contaminación afecta tanto a El Oro como a Loja.
El Ministerio de Energía y Ambiente indicó que la suspensión constituye una acción preventiva frente a la extracción ilícita de minerales, actividad que, según el Gobierno, ha generado graves impactos ambientales en la Amazonía y en el sur del país. Manzano afirmó que no se permitirá la continuidad de actividades clandestinas que deterioren el patrimonio natural.