La defensa de Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, anunció que apelará la sentencia de cinco años de prisión dictada en su contra por el caso Nene. A 11 días del fallo, el procesado sostuvo que no se ha probado ni el momento ni la forma en que habría ocurrido el delito y denunció presuntas irregularidades en la valoración de las pruebas.
El tribunal lo declaró culpable, en primera instancia, del delito de oferta de tráfico de influencias como autor directo, tras una acusación presentada por la Fiscalía General del Estado. Según la teoría fiscal, en diciembre de 2023 Barreiro habría pedido dinero a cambio de gestionar un cargo dentro de la Vicepresidencia de la República.
La investigación sostiene que la presunta víctima se reunió con él en un hotel de Quito, donde se le ofreció el puesto de Coordinador General. A cambio, debía entregar USD 1.700 mensuales de un salario aproximado de USD 3.200. Entre los elementos expuestos en juicio constan pericias técnicas, incluido el análisis de una grabación telefónica en la que se coordinaba la entrega del dinero.
Sin embargo, el abogado defensor, Alberto Montenegro, afirmó que ese audio no contaría con la cadena de custodia adecuada ni se habría establecido con certeza la identidad de las voces. También aseguró que en la sentencia oral no se mencionaron ni la grabación ni una supuesta letra de cambio vinculada al proceso.
La defensa agregó que el día en que habría ocurrido la reunión señalada por la Fiscalía, Barreiro se encontraba en el aeropuerto junto a su madre, lo que —según su versión— impediría que estuviera en el lugar descrito por la acusación. A criterio del procesado, estos elementos evidencian que las pruebas estarían “viciadas”.
Barreiro negó haber recibido recursos del Estado y habló de posibles presiones externas en el sistema judicial. Además, indicó que desde 2024 enfrenta otra investigación por presunto lavado de activos, iniciada —según dijo— a partir de una denuncia anónima, sin que hasta ahora se haya comprobado una actuación ilegal.
Mientras se emite la notificación escrita del fallo, el sentenciado cumple medidas sustitutivas tras pagar una caución de USD 20.000, lo que le permite defenderse en libertad y sin grillete electrónico. Su equipo legal anticipó que presentará la apelación ante la Corte Provincial de Pichincha.
