Por: Jonnathan Cuenca
Tras la difusión de un reportaje que expone traslados reiterados de un privado de libertad a una unidad médica, el Ministerio de Salud Pública anunció una investigación interna y la destitución de un funcionario, en medio de señalamientos por posibles privilegios concedidos al exasambleísta Santiago Díaz.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este martes 10 de febrero de 2026 que inició un proceso de investigación por los presuntos beneficios otorgados a Santiago Díaz, exasambleísta que cumple prisión preventiva por la presunta violación a una menor de edad.
La decisión se tomó luego de conocerse que Díaz habría sido trasladado de manera frecuente al Centro Especializado en Rehabilitación Integral (CERI) de Conocoto, en el sureste de Quito, donde permanecía por varias horas, hacía uso de las instalaciones y recibía visitas familiares, pese a que debía permanecer recluido en la Cárcel 4.
Mediante un comunicado oficial, el MSP rechazó cualquier uso indebido de la infraestructura sanitaria para fines personales o ajenos a la atención médica. La institución enfatizó que los establecimientos de salud deben destinarse exclusivamente a la prestación de servicios a la ciudadanía y advirtió que estas prácticas constituyen un abuso de poder.
Como medida inmediata, el Ministerio dispuso la desvinculación del director del centro médico involucrado y activó un proceso interno para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades administrativas.
Según la investigación periodística que reveló el caso, los traslados del exlegislador se habrían repetido durante al menos tres meses y coincidieron con la gestión de Andrés Vinueza, concuñado de Díaz, quien ejercía como director del CERI Conocoto. Además, se señaló que la oficina de la dirección habría sido utilizada para encuentros con su esposa e hijos.
El MSP reiteró que estos espacios no pueden ser utilizados para intereses particulares y aseguró que se aplicarán las sanciones correspondientes si se confirman las irregularidades. Estas revelaciones se producen mientras Santiago Díaz figura como informante de la Fiscalía en el denominado caso Caja Chica, que investiga el presunto origen irregular de fondos utilizados en una campaña política.
